La Ley de lucha contra la morosidad establece que en 2012 se reduzcan los plazos de pago a proveedores a 75 días de máximo en los pagos entre empresas – y a 40 para el pago de las Administraciones Públicas.

Esta reducción se debe al cumplimiento del régimen transitorio de la ley, hacia la aplicación de los plazos definitivos, que quedarán fijados en 60 y 30 días respectivamente.

La morosidad sigue siendo uno de los principales problemas con los que se encuentran las empresas a la hora de mantener su actividad, y alcanza tintes dramáticos por su influencia en el cierre de muchas de ellas, con la consecuente destrucción de empleo.

Esta ley está impulsada desde la Comisión Europea, que podría legislar un adelanto en la entrada en vigor de los plazos definitivos para que fueran efectivos este año. La propia Comisión responsabiliza a los Gobiernos de la puesta en marcha y control de la norma y la obligación de definir un régimen sancionador para quien la incumpla.

Por desgracia en España no se produce ese control, ni siquiera en la Administración Pública.

Aquellas empresas que sí tienen intención de cumplir la ley deberán tener en cuenta que, desde el 1 de enero de 2012, el plazo de pago se ha reducido a 75 días como periodo máximo para el pago entre empresas.

Será tarea de las autoridades hacer que sean cada vez más las que se adapten a los plazos legales, sobre cuando los más incumplidores dependen de la propia estructura del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales.