Nuevas limitaciones a los aplazamientos de las deudas tributarias

El RDL 3/2016 elimina la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias, entre ellas, las derivadas de los pagos fraccionados del IS y las derivadas de tributos que, como el IVA, deben ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.​

Tramitación de los aplazamientos: incidencia de la medida para los autónomos

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas afectadas por esta medida se inadmitirán, mientras que el resto de solicitudes se tramitarán en función de su importe, de acuerdo con el procedimiento establecido, que no ha sido modificado por el RDL 3/2016. Sigue leyendo

El alquiler de vivienda para un empleado está exento de IVA

Las viviendas habituales que las empresas alquilan a sus empleados están exentas del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), siempre que en el contrato de arrendamiento se incluya el nombre de la persona beneficiaria y la prohibición de subarrendar el inmueble.

Así lo reconoce el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en dos resoluciones emitidas, que llevan fecha de 15 de diciembre de 2016, que son continuación de la doctrina recogida en otra resolución anterior, fechada el pasado 8 de septiembre de 2016.

Sigue el TEAC la jurisprudencia de diversos Tribunales Superiores de Justicia, que permite aplicar en el IRPF la reducción del 60 por ciento por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda cuando el arrendatario es una persona jurídica, pero quede acreditado que el inmueble se destina a la vivienda habitual de una persona física.

Hasta el momento, la Dirección General de Tributos mantenía que el hecho de que figure como arrendataria en el contrato de arrendamiento una persona jurídica, determinaba que la operación estuviese sujeta y no exenta de IVA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria (LGT). Sigue leyendo

Los cambios fiscales de 2017: más tributación y obligaciones para las grandes empresas

Las grandes empresas verán su tributación y sus obligaciones de información fiscal muy incrementadas en 2017 tras el Real Decreto-ley de 3 de diciembre. Las medidas del Decreto que entraron en vigor el 1 de enero son la limitación en la exención de dividendos y plusvalías en la transmisión de participaciones de no residentes, la imposibilidad de deducirse pérdidas por la venta de participaciones desde enero, el fin de la posibilidad de integrar rentas negativas de establecimientos permanentes en el extranjero y de la deducibilidad de las disminuciones de valor de las carteras de negociación por valoración de las mismas a valor razonable. Se mantienen el endurecimiento de los pagos fraccionados y las medidas del Decreto que entraron en vigor con efectos desde enero de 2016, relativas a la limitación a la compensación de bases imponibles negativas y a la reversión de deterioros. Sigue leyendo

Novedades en el Impuesto sobre Sociedades aplicables al cierre de 2016

Aunque la mayoría de modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades entraron en vigor el año pasado, hay algunas novedades que serán de aplicación por primera vez en este ejercicio 2016.

Estando ya próximo el cierre del año, conviene recordarlas para verificar si se han tenido en cuenta al hacer las previsiones y cálculo del impuesto. Si bien las principales modificaciones hacen referencia a las operaciones vinculadas, que se analizan con detalle más abajo, resumiremos primero rápidamente las restantes: Sigue leyendo

Las cantidades aportadas a un Plan de Pensiones que no hayan podido reducir la base imponible, ¿pueden trasladarse a ejercicios siguientes?

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), las cantidades aportadas a un plan de pensiones que no hayan podido ser reducidas de la base imponible general del impuesto por insuficiencia de la misma o por exceder del 30 por 100 de los rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas, pueden reducirse en los cinco ejercicios siguientes, aunque el partícipe vaya a estar jubilado en ellos.

Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento del Impuesto (RD 439/2007 – RIRPF), establece que este derecho a reducir la base imponible en los cinco ejercicio siguientes, habrá de ser solicitado expresamente, y lo hace en los términos:

“(…) La solicitud deberá realizarse en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio en que las aportaciones realizadas no hubieran podido ser objeto de reducción por insuficiencia de base imponible o por exceder del límite porcentual establecido en el artículo 52.1 de la Ley del Impuesto (…)”. Sigue leyendo

Responsabilidad tributaria derivada a los administradores de una sociedad

La necesidad de motivación del acuerdo de derivación de responsabilidad

La Agencia Tributaria (AEAT) declaró al administrador de una sociedad, responsable subsidiario del pago de las deudas tributarias de la entidad, de la que figuraba como administrador único

En el procedimiento contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la AEAT, llegó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó sentencia el 28 de noviembre de 2016.

En dicho procedimiento se pretende determinar si se ajusta a derecho o no la declaración como responsable subsidiario de las deudas dela entidad de la que era administrador, cuyo alcance abarcaba la cuota correspondiente al IVA de un ejercicio, el recargo de apremio y la sanción.

El recurrente solicitó al Tribunal la anulación de la resolución de la AEAT, invocando que la responsabilidad subsidiaria no puede extenderse a las infracciones cometidas por la sociedad, deudora principal, añadiendo que en todo caso no cabe derivar la sanción por el hecho de ostentar el cargo de administrador, siendo necesario acreditar la concurrencia de negligencia en su conducta. Además, entiende que debe excluirse del acuerdo de derivación de responsabilidad, la parte correspondiente a los recargos, ya que solo se le pueden exigir los correspondientes a su propio incumplimiento.

En relación con la responsabilidad, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2008, declara que la aplicación del precepto que regula la derivación de responsabilidad exige la concurrencia de tres requisitos: a) la comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada; b) la condición de administrador al tiempo de cometerse la infracción; y c) la existencia de una conducta del administrador que se relaciones con el propio presupuesto de la infracción, de tal forma que revele no haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de la obligación tributaria, extendiéndose la responsabilidad a la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracción grave.

La misma sentencia del TS afirma que los tres supuestos obedecen a unos deberes normales en un gestor o, en los términos utilizados en la Ley de sociedades anónimas, propios de la diligencia con la que un administrador debe desempeñar el cargo. El primero exige la omisión de actos relacionados directamente con la obligación infringida que el administrador sabe que tiene el deber de realizar por razón de su cargo; el segundo, supone una clara permisividad respecto de la actividad ilícita de los subordinados; el tercero, una consciencia de las consecuencias normales del acuerdo que se adopta.

La vigente Ley General Tributaria regula una responsabilidad procedente de la intervención en la infracción, por lo que nada se opone a que la responsabilidad por las sanciones se extienda a los propios administradores que realizaron las conductas descritas. No obstante, para derivar la responsabilidad es preciso que la AEAT demuestre, sin duda alguna, que el administrador de la sociedad ha realizado una conducta relacionada con el propio presupuesto de la infracción reveladora de no haber cumplido sus obligaciones con la diligencia exigible.

El resumen anual del IVA no interrumpe la prescripción

El TEAC ratifica el derecho de Hacienda a revisar cuatro años

La presentación de la declaración informativa-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a través del Modelo 390, no interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.

Así lo determina el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en una resolución, de 22 de septiembre de 2016, en la que establece como criterio que cada periodo de declaración prescribiría por el transcurso de cuatro años desde que finaliza del plazo de presentación, puesto que el plazo de prescripción se interrumpe, según el artículo 68.1.c) de la Ley General Tributaria, “por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria”. Sigue leyendo

Deducción en renta del alquiler

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS –  CONSULTA VINCULANTE V2469-16 –

DESCRIPCION-HECHOS:

La consultante suscribió el 9 de septiembre de 2010 un contrato de alquiler de vivienda habitual, por el que practicó la correspondiente deducción | Según lo estipulado en el contrato, y por aplicación del artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la duración del contrato se estableció por un período de un año, sin perjuicio del derecho del arrendatario de prorrogarlo hasta un máximo de cuatro años más | Con fecha 9 de septiembre de 2015, una vez finalizada la vigencia del contrato de arrendamiento inicial, tras las sucesivas prórrogas, suscribió un nuevo contrato de arrendamiento de la misma vivienda y con el mismo arrendador.

CUESTION-PLANTEADA:

Si podría seguir aplicando la deducción por alquiler de vivienda habitual. Sigue leyendo

Certificado electrónico de empresa: Los certificados electrónicos de personas jurídicas no se podrán renovar más

Desde el día 1 de julio de 2016, los Certificados Electrónicos de personas jurídicas emitidos por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), que venían siendo utilizados para la presentación telemática de impuestos (IVA, retenciones, pagos a cuenta, etc.), han dejado de emitirse y no admitirán nuevas renovaciones.

A partir de ahora, las empresas deberán disponer de nuevos certificados a nombre del representante de la sociedad o del administrador societario.

Es importante pues la actualización de los Certificados Electrónicos pues, en caso contrario, es posible que las empresas se encuentren con que no pueden presentar las próximas declaraciones.

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