El recurso de casación unificadora planteado tuvo por objeto decidir acerca de la procedencia de reanudación de la prestación de desempleo parcial de una trabajadora, con motivo de la  extinción de uno de los dos contratos temporales a tiempo parcial, que, simultáneamente, la unía con la misma empresa.

Se partía en este supuesto de una situación en la que la actora prestaba servicios desde de marzo de 2002 para un determinado Ayuntamiento  con contrato a tiempo parcial por un tercio de la jornada, contrato concertado para sustituir a una trabajadora que disfruta de reducción de jornada por cuidado de hijo y que tenía por objeto el desempeño de trabajos administrativos en la biblioteca municipal. Al propio tiempo percibía prestación contributiva de desempleo por dos tercios de jornada. Vigente ese contrato, las partes concertaron uno nuevo por obra determinada, por dos tercios de la jornada, que tenía por objeto trabajos de organización de las fiestas de San Isidro, patrón del pueblo, y que se extendió desde el 6 al 19 de mayo de 2002. Finalizado este último contrato y vigente el de interinidad por sustitución, la trabajadora solicitó del INEM la reanudación de la prestación de desempleo parcial, (que venía disfrutando cuando concertó el segundo contrato) siéndole denegada por la entidad gestora, que entendió que se trataba de un solo y único contrato que había experimentado una reducción de jornada no autorizada administrativamente.

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Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra sentencia desestimatoria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada, sobre despido.

La Sala declara que se denuncia la infracción del art. 52.c) del ET, en relación con los arts. 53.1.b), 53.4 y 33.8 de la misma norma, argumentado,  que la expresión “puesta a disposición” implica que el importe de la indemnización se haga efectivo de forma completa.

El motivo no puede estimarse, porque, como señala con acierto el Ministerio Fiscal, existen reiteradas sentencias que establecen que el Fondo de Garantía Salarial “tiene el carácter de obligado directo e inmediato ante los trabajadores”, si bien admiten que esta obligación se module en función del comportamiento de las partes, de forma que si la empresa anticipa el pago de la parte correspondiente al Fondo podrá solicitar su reintegro de este organismo, pero si la empresa hace efectivo solamente el porcentaje del 60% se estará en el supuesto normal de la legitimación del trabajador para solicitar el 40% del Fondo, como había ocurrido en el caso resuelto por las sentencias citadas, en el que la empresa había mejorado la indemnización, abonando el 60% de la indemnización legal más la mejora íntegra, reclamando los trabajadores el 40% restante al Fondo, siendo los trabajadores “titulares del mencionado derecho” de reclamación frente al Fondo.

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